“Campamento del General Federico Vázquez, Durango, 1937”. Fotografía de Jesús Sanz Cerrada.
José Luis Ramírez Vargas
En la década de 1920 nuestro país vivió uno de los conflictos más violentos de su historia, después de las revoluciones iniciadas en 1910. Un poco más de 100,000 muertos fue el resultado de una guerra civil no declarada por el Estado, en un país con 15 millones de habitantes.
Este acontecimiento que dejó una marca imborrable en la Historia de la Iglesia en Mexico había sido sistemáticamente ignorado o menospreciado por la “historia oficial” que siempre vio en ello un suceso de poca importancia suscitado por grupos de fanáticos. Sin embargo, a partir de estudios como el del historiador francés Jean Meyer, ha comenzado a ser tomado en consideración. El levantamiento armado de hace 100 años, por parte de los católicos -llamados despectivamente “cristeros”- fue provocado por la agresión del Estado mexicano a las instituciones y asociaciones católicas por medio de la aplicación de leyes que coartaban la libertad y la práctica religiosa.
Recordemos algunos hitos de este período. En efecto, el gobierno de Plutarco Elías Calles, cuyo objetivo era modernizar al país bajo un modelo nacionalista y centralizador, mediante la creación instituciones como el Banco de México y el Partido Nacional Revolucionario, incluía en su proyecto el limpiar al país de “supersticiones”, eliminando paulatinamente al clero, e imponiendo una educación laica y atea en todo el país. La llamada “ley Calles” de julio de 1926, fue una aplicación estricta de las leyes anti religiosas promulgadas en la Constitución de 1917.
Entre otras cosas obligaba a los sacerdotes a registrarse como ministros de culto ante el Estado. Éste tenía el derecho a limitar el número de sacerdotes, expulsando a la vez a los sacerdotes extranjeros. Los ministros de culto no podían opinar sobre asuntos políticos y si lo hicieren perderían sus derechos civiles. La Iglesia no podía poseer bienes inmuebles. Se prohibieron las órdenes religiosas y se cerraron los seminarios y colegios católicos. Habría Multas y prisión para sacerdotes que violaran la ley. Control de templos.
Hubo manifestaciones masivas en varias ciudades del país, sin embargo, agotados los medios legales, la asociación de laicos católicos llamada Liga por la Defensa de la Libertad Religiosa decretó un boicot económico que encontró una gran acogida entre la mayoría de la población del centro y occidente del país. Pero luego de que el episcopado mexicano decidiera la clausura de los templos y del culto divino como medida extrema de protesta en contra de las leyes injustas, la aplicación de dicha ley derivó en una auténtica persecución en contra de la Iglesia obligada a operar en la clandestinidad. Al tiempo de que el Estado, con esas medidas, declaraba que sólo intentaba “hacer guardar la Constitución”, se suscitaron espontáneamente en varias regiones de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima y Zacatecas los primeros levantamientos armados por parte de la clase campesina con el grito de “¡Viva Cristo Rey!, por lo que el movimiento tomó el nombre de “Guerra cristera” o “Cristiada”. Más de 50,00 efectivos llegaron a estar activos durante los enfrentamientos contra un ejército numeroso y bien pertrechado. Extensas regiones de esos estados fueron tomadas y controladas por los cristeros que pusieron en jaque al ejército.
Fueron numerosos los caídos que, empujados a tomar las armas, lo único que querían era salvaguardar su religión. Esto, a pesar de que los obispos (salvo dos excepciones) recomendaron siempre la resistencia civil no armada. Auténticos mártires los hubo, sacerdotes y laicos, los cuales, sin haber empuñado las armas, dieron su vida por defender su Fe y a la Iglesia. Muchos de ellos han sido canonizados o beatificados, la mayoría por el Papa Francisco. Los ejemplos son numerosos, como el jovencito José Sánchez del Rio quien prefirió morir antes de renegar de su Fe, el P. Miguel Agustín Pro, jesuita, acusado injustamente de participar en el atentado en contra de Álvaro Obregón, los sacerdotes Cristóbal Magallanes Jara y Agustín Caloca Cortés, acusados de participar en la Guerra cristera, Anacleto González Flores, joven abogado, líder de la resistencia pacífica en Jalisco, el P. José Ma. Robles Hurtado, fundador de las Hermanas del Corazón de Jesús Sacramentado, quien murió perdonando a sus enemigos. Otros, cuyos nombres sí conocemos, podrían alargar la lista. Muchos otros que permanecen en el anonimato, murieron como ellos confesando a Cristo Rey, y son auténticos mártires de esta persecución que asoló y al mismo tiempo purificó a la Iglesia mexicana.
Celebramos la memoria de nuestros mártires, y nos encomendamos a su intercesión, pero al mismo tiempo admiramos la gesta heroica de los que no vieron otra opción que tomar las armas como último recurso para defender su Fe. Muchos de ellos serían cobardemente asesinados luego de los “arreglos” de 1929. El gobierno de Emilio Portes Gil y una comisión de obispos habían llegado a un “modus vivendi” en el que la Iglesia reanudaría sus actividades bajo ciertos controles, sin que se modificaran las leyes, sólo que sin una aplicación estricta de las mismas.
Nuestros mártires y los cristeros nos han dejado un ejemplo a imitar, su firme adhesión a Cristo Rey y la salvaguarda de su Fe, aún a costa de su vida. Los primeros, imitando su vida, en la cual se cumplió a la letra la profecía de Isaías sobre el Siervo de Yahvé: “no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero… enmudeció, y no abrió su boca” (Is. 53, 7). Nuestra admiración a los segundos quienes, a imitación de Judas Macabeo fue “invencible para los gentiles” (II Mac. 8, 5), y se levantó para defender el Templo profanado y limpiar la afrenta hecha al pueblo por los gentiles.
jlramirez@itesm.mx
Para saber más:
Meyer, Jean. La Cristiada, 3 vol. México: Ed. Silo XXI, 8a. ed., 1983
